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Discursos

Discurso Lanzamiento del Movimiento "Colombia, País de Regiones"

POR: EDUARDO VERANO DE LA ROSA

Barranquilla nos congrega hoy, 10 de Octubre, para celebrar lo que se ha definido como el Día de La Región Caribe. El 10 de Octubre de 1821 salieron los últimos soldados españoles que siguieron merodeando el país después de la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. El General Montilla Comandante de los ejércitos patriotas del norte del país y el Riohachero Almirante José Prudencio Padilla Jefe de la flotilla Republicana, se tomaron la plaza fuerte de Cartagena donde estaba refugiado el Virrey, la Real Audiencia y los restos del ejercito realista derrotados en la Batalla de Boyacá.

El Almirante Padilla, se tomó por abordaje la flota española fondeada en la Bahía de Cartagena, y después de hechos prisioneros los marineros de la Real Armada se consolidó la toma de la Plaza Fuerte.

El General Montillo y el Almirante Padilla pactaron con las fuerzas españolas vencidas su verdadera rendición, y a cambio de retirarse y jurar no volver jamás les perdonaron la vida y los embarcaron rumbo a La Habana. Al abandonar la plaza fuerte de Cartagena las fuerzas realistas, se consolidó verdaderamente la Independencia Nacional.

Hemos escogido esta simbólica fecha para proponerle a Colombia el surgimiento del Movimiento Social y Político por la Autonomía Regional, "COLOMBIA: PAÍS DE REGIONES".

Es la evolución natural de un camino histórico de muchos años que recientemente pasó por el Voto Caribe y llega hoy al Movimiento Colombia País de Regiones.

Nace en el Caribe colombiano, pero su genética, la savia de su sangre, proviene de todas las regiones del país. Es el Caribe haciendo Voz de la Esperanza, de progreso de todos los rincones que hemos recorrido de nuestra patria. Es una co-invitación para pensarnos, para re-crearnos, para evolucionar, para construir una, repito, una, Colombia, más justa y solidaria, más equitativa y sostenible, más digna y más próxima a la capacidad de decidir de los ciudadanos de toda la nación.

España federal

Recién hemos visitado España. Allí pudimos observar un país en plena ebullición, comprometido desde todos los rincones en la discusión de sus asuntos públicos y políticos. Todos participan y opinan de un tema que es de interés de todos: la Eficacia y la Estructura Territorial del Estado para manejar los asuntos públicos, para bajar la pobreza, para salir del atolladero fiscal, para superar la crisis del desempleo, para retomar la senda del desarrollo en libertad y en democracia. Hay pasión por la política y la política es pasión ciudadana y pasión académica muy profunda –porque es sacrificio, porque sus efectos duelen o se gozan. Hay crítica a los políticos y los políticos critican de vuelta, con ánimo de hacer lo mejor, de encontrar lo mejor, para esa España pujante que concierne a todos. ¿El denominador común? Hay participación de la ciudadanía y hay ciudadanía con conciencia, por tanto, con responsabilidad compartida, en procura de superar las adversidades del presente, en procura de decidir un mejor futuro hoy.

Creen los españoles que han construido un país sólido, que fue un imperio líder en la historia del mundo –"en mis dominios no se pone el sol", declaraba Carlos V. A pesar de sus crisis, han construido un modelo autonómico que están dispuestos a revisar, no para retroceder a centralismos dictatoriales superados, sino para enriquecer el modelo de estado que los rige. No pueden, ni quieren, dilapidar la herencia que han recibido. Piensan no en el Estado que padecen, sino en el Estado que podrán gozar sus hijos. A tal efecto, tienen claro que, si es menester, transformar la Estructura del Estado para adecuarla a las necesidades de los tiempos, de la modernidad y de la postmodernidad, de la nueva Europa unitaria y plural, a las exigencias del desarrollo económico y social nacional en un marco de integración supranacional, pero con la fuerza convergente de las Comunidades Autónomas españolas. Saben que se requiere Voluntad Política, transacciones, negociaciones, entendimiento. 

Se usan marchas permanentes y hasta partidos de fútbol para expresiones políticos adecuados con el tema del Ordenamiento Territorial.

Permítanme compartir una reflexión tomada del libro "La Arquitectura del Gobierno- Repensando la Descentralización" (Daniel Treisman, 2007):

"El novelista Carlos Fuentes cree que el federalismo puede ser la única vía para preservar las culturas locales. Cuando el Primer Ministro británico Tony Blair propuso modernizar su país, el hizo de sacar el poder fuera de Westminster un elemento clave de su campaña. Esto era necesario, dijo, para proteger "los derechos fundamentales y las libertades" de los ingleses y "desarrollar su sentido de ciudadanía". En los 90's, el diplomático e historiador George Kennnan confesó su sueño de un Estados Unidos de América reconstituido como una confederación de doce repúblicas regionales, cada una de las cuales sería lo suficientemente pequeña para proveer de "intimidad la relación entre gobernantes y gobernados".

De eso se trata esto. El tema de la descentralización efectiva del Estado está en la agenda política del día. De la mano de la promoción y profundización de la democracia, de la eficacia de los mercados y los imperativos de su regulación social, de la libertad individual y de la autonomía de las comunidades que congregan a los individuos, del imperio de la ley y del respeto a los derechos humanos fundamentales, el gobierno descentralizado genuinamente se erige como entorno institucional para superar viejas enfermedades de la sociedad.

Nuestra propuesta no es un embeleco de costeños paranoicos. Es la interpretación de una etapa de la historia que reclama nuevos imaginarios institucionales para resolver viejos
problemas pendientes de solución. 

Sea lo primero decir que, persuadidos de la existencia de regiones como realidades sociológicas de nuestro país, presentamos a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 una propuesta para institucionalizar un modelo de regiones, entendidas éstas como entidades territoriales supradepartamentales autónomas, que diesen cabida a un ordenamiento  territorial del Estado colombiano y desde el cual, se dispusiese de un marco genuinamente propicio para impulsar el desarrollo económico y social de las provincias colombianas, hacer de la equidad social e inter-regional, más que un principio, una tarea en permanente ejecución, e implementar, de manera proactiva y previsiva, un patrón de crecimiento ambientalmente sostenible, que apunte a la consolidación y el acrecentamiento del Capital Natural de Colombia –cuya fragilidad, vulnerabilidad y atropellos se sufren en la piel de cada uno de los habitantes de las regiones colombianas, que no en la madera fría de los escritorios de los funcionarios públicos del nivel intermedio del gobierno central, egocéntrico y apático. Que se niegan a conocer el país.

Entre debate y debate, mi propuesta de Regiones Autónomas quedó desdibujada, disminuida y tímida. Lo que mal sobrevivió en el texto constitucional, fue condicionado a que el Legislador expidiese la Ley de Ordenamiento Territorial, normatividad que sólo fue emitida 20 años más tarde, en al año 2011, contenida en la Ley 1454/2011. Esta ley es una caricatura burlona, una  salida a la carrera, una improvisación fragmentada e incompleta, casi inútil, que daba sólo lugar a proclamar un "haber cumplido" sin haber cumplido. Ella dejó por fuera la reglamentación de lo concerniente a la AUTONOMÍA DE LA REGIÓN Y DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS. Se frustró, así, en el plano legal, una oportunidad inestimable, que canalizara la aspiración de millones de colombianos que viven y sobreviven fuera del espacio central de la Nación. Se jugó, así, una vez más, con la esperanza noble y combatiente de las regiones colombianas diferentes al Estado centralista, que veían y ven en la autonomía un camino para el desarrollo, la justicia, la equidad y la libertad responsable. Se frustró, así, una vez más el clamor de la mayoría de con-nacionales que reclama sentido, esto es, significado y dirección, para la dinámica impostergable del desarrollo regional -deuda impagada de los Gobiernos Nacionales de todos los colores desde finales del Siglo XIX- y que hoy, como nunca antes, encara la necesidad de contar con estructuras territoriales autonómicas, como instrumentos políticos organizacionales, verdaderamente capaces de responder, con eficacia, a las exigencias para superar el atraso y la desigualdad, a las demandas históricas de redención de los desequilibrios, tanto reales como de oportunidades, que agobian a la región, a la periferia, al espacio no-central de nuestro país.

Colombia, País de Regiones, se erige básicamente sobre el concepto de autonomía territorial, y si hemos de tratar de ella, no hay fuente más autorizada que nuestra propia historia.

La historia:

Nuestros antecedentes más originarios de organización autonómica los encontramos en las instituciones de los aborígenes que para la llegada de los conquistadores poblaban el territorio de lo que hoy es Colombia. Para aquella época, los indígenas poseían una estructura organizacional confederada, en la cual cada tribu decidía, con un alto grado de autarquía la gestión de sus asuntos. En efecto, dichas etnias, entre las que se destacan los muiscas y caribes, tenían esa estructura.

Ante los actos de agresión, explotación y expoliación de los conquistadores, la mayoría de las comunidades indígenas se resistieron al sometimiento, pues éste significaba la pérdida de su identidad, de los valores y de su autodeterminación. Por ello, en un acto de dignidad, unos optaron por confrontar al invasor, en lucha desigual y prefirieron la muerte y su aniquilación, como los Calamaríes que poblaron esta tierra caribeña. Otros, que tampoco aceptaron ser alienados y sometidos, luego de gay cocks
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ser diezmados, fueron víctima del  esplazamiento forzado, debiéndose refugiar en las entrañas de la selva o de las montañas para evitar el exterminio, como es el caso de los Arhuacos y los Koguis.


Los criollos patriotas, por su parte, no solo lucharon por emanciparse del colonialismo español, sino que desde elprincipio gran parte de ellos marcaron una tendencia autonomista. Así lo reflejan, aunque con alguna ingenuidad, entre otras, el Acta de la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro de 1810, las Constituciones de 1811 y 1812 del Estado de Cundinamarca, la Constitución de 1812 del Estado de Antioquia, la del Estado de Tunja de 1811, así como el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de 1811, según dan cuenta historiadores del derecho constitucional colombiano, como José María Samper, Diego Uribe Vargas y Carlos Restrepo Piedrahita.


Luego, con la instauración de la República se pusieron de manifiesto expresiones autonómicas, como la tendencia anti centralista de la Convención de Ocaña de 1826, la cual tuvo una primigenia concreción transaccional en el texto constitucional de 1832. Posteriormente, esa aspiración autonómica se reflejó, aunque tímida y nominalmente, en la Constitución de la Confederación Granadina de 1858.

Todas las aspiraciones autonómicas de entonces, acumuladas luego de tres siglos de pérdidas y frustraciones sistemáticas, desembocaron en el federalismo radical de la Constitución de los Estados unidos de Colombia o Constitución de Rionegro de 1863, que, con ribetes extremistas, anuló las posibilidades de un Estado fuerte, capaz de liderar el proceso de consolidación de la economía nacional, el monopolio de las armas por parte del Estado y la implementación de un sistema monetario nacional único.


Veintitrés años después, esto es, con la Constitución de 1886, no obstante haberse introducido la descentralización administrativa territorial como fórmula compensatoria paliativa, no
consensuada, se inauguró un nuevo extremismo, en este caso, con la restauración del Estado centralista cuasi absoluto, como imposición de los vencedores de la confrontación. A los antiguos Estados federados se les privó del manejo de sus bienes y se les limitó en el manejo de la hacienda pública, incluido, claro está, el régimen tributario. Ni siquiera la llamada Guerra de los Mil Días, que cerró y abrió respectivamente los siglos XIX y XX en nuestro país, logró conquistar una auténtica autonomía de los territorios, entendida ésta como la que permite la autogestión y autodeterminación del quehacer administrativo y político, en función de redimir con criterio de equidad y justicia, el gran cúmulo de necesidades sociales históricamente acumuladas.

No hemos tenido avances significativos en materia de autonomía territorial, pese a que en 1968 se institucionalizó la descentralización por servicios en la estructura del Estado -mero instrumento de organización técnica, que dejó intacto el centralismo. La Asamblea Constitucional del año 1977, que se proyectaba como el cuerpo constituyente que habría de abordar una profunda transformación de la estructura del Estado, en materia de administración de justicia y del régimen administrativo territorial, quedó frustrada por la declaratoria de inexequibilidad de la Corte Suprema de Justicia, con el peregrino argumento sofista de que el Congreso, en el acto plebiscitario de 1957, había sido designado por el Constituyente primario para ejercer la función constituyente y por tanto, no podía delegar lo que se le había delegado. La necedad conceptual era tanto como decir que el constituyente derivado no podía devolver la función constituyente a los ciudadanos, para que éstos decidieran, a través de delegados, aspectos puntuales de la administración de justicia y de la organización administrativa territorial. Gracejos poco graciosos de la democracia colombiana: 13 años después, la misma Corte legitimaría una votación, la de la famosa "séptima papeleta", con la que se abrió espacio a la convocatoria de la Asamblea nacional Constituyente de 1991. Tuvo mas votos el Voto Caribe que la Séptima Papeleta. El uno tuvo trámite jurídico y el otro no. Pero, no tuvieron la misma suerte.

¿Qué ocurrió con nuestra propuesta de autonomía regional en la constituyente del 91?

Quiero recordar ahora a los Constituyentes de la Región Caribe y su posición con respecto al Ordenamiento Territorial especialmente a Juan B. Fernández y Fals Borda.

Más de siglo y medio de frustraciones, luego del inicio de la República, en la consecución de mayores grados de autonomía amenazaron con desaparecer cuando, esta última, en reconocimiento de la existencia de regiones sociológicas reales, acogió precariamente mi propuesta de crear regiones autónomas, como entidades territoriales jurídicamente organizadas (Artículo 306 de la Constitución Nacional).

Si bien es cierto, el debate en torno al Territorio, elemento constitutivo del Estado, se ha querido plantear como superado desde 1886, el proceso constituyente de 1991 cuestiona nuevamente la distribución horizontal del poder político en el territorio. Entonces se plantearon alternativas diferentes al modelo centralista de Estado, unitario, rígido y asfixiante impuesto en el siglo XIX, dibujando la posibilidad de un modelo de Estado Regional Autonómico, que pretendía, antes que federalizar el país, reconocer la autonomía política que necesitan las entidades territoriales subnacionales, para dar respuestas eficaces a las demandas y problemáticas locales y regionales. Para replantear la distribución territorial del poder en el pacto constitucional de 1991, se expusieron razones de carácter democrático, histórico-políticas y administrativas. El objetivo apuntaba a acercar las decisiones políticas a la ciudadanía, otorgarles personalidad política a las entidades territoriales en el marco del Estado-nación y por último, establecer el marco de competencias entre los diferentes niveles de gobierno. En resumen, se trataba, desde la distribución horizontal del poder en el territorio, de procurar una respuesta novedosa, probada en otras latitudes, a la complejidad de la administración del Estado contemporáneo.

Entre las reservas manifiestas o implícitas de algunos constituyentes y los temores infundados de otros ante un modelo político territorial sin antecedentes prácticos en nuestrahistoria patria -unas y otros derivados especialmente del poco o ningún conocimiento que tenían de las bondades de esa institución- primó el miedo y el statu quo: no se pudo progresar
en la dirección de alcanzar grados de autonomía realmente significativos. Ello se tradujo en que se condicionara su creación y funcionamiento institucional efectivo a la Ley de
Ordenamiento Territorial, a la Comisión de Ordenamiento Territorial y a la aprobación de los ciudadanos de los departamentos interesados mediante referendo (Artículo 307 de la Constitución).

Como ya dije al comienzo de mi intervención, pasaron, sin gloria y con pena, 20 largos años, luego de haber sido expedida la Constitución de 1991, para que el Congreso expidiera, sin mesura, ni reflexión, la ley de ordenamiento territorial (Ley 1454 del 28 de junio de 2011), la cual, en un grave, deliberado e inexcusable lapsus, omitió reglamentar lo atinente a la autonomía de las regiones y de los territorios indígenas, sin que la Corte Constitucional -de la que se esperaba un drástico pronunciamiento al respecto- adoptara medidas encaminadas aplicar u ordenar que se aplicara la Constitución. Y aquí estamos. La esperanza atropellada, pero no vencida. El sueño mellado, pero no derrotado.

EL VOTO CARIBE NO PUEDEN SER SOLAMENTE 2,5 MILLONES DE GRITOS EN EL DESIERTO

Hablar del significado del Voto Caribe no sólo no está de más, sino que estaría de menos no hacerlo. El Voto Caribe ha sido, fundamentalmente, un grito de libertad de la Región Caribe y una manifestación de mayoría de edad, de una ciudadanía que reclama el derecho político a decidir los asuntos que le son propios a sus intereses, sin la interferencia de un paternalismo limosnero o de un paternalismo indiferente que la mano de un centro de poder político extiende desde las mesetas lejanas del altiplano.

El Voto Caribe es una decisión política democrática vinculante a los poderes públicos. Lo es, porque es una manifestación democrática de la nación colombiana mediante el instrumento calificado para realizarlo que es el Voto de los ciudadanos. Es vinculante porque la fuente de la soberanía reside única y exclusivamente en la nación, como bien lo expresa nuestra Carta Política y el Voto Caribe es una expresión clara de lo que es una decisión soberana.

El Voto Caribe tiene ese significado adicional incuestionable, que auspicia la participación ciudadana en la conformación del poder político y de todas sus instituciones en su territorio, promueve que exista cercanía entre las autoridades y la ciudadanía, facilita la lucha en contra de la corrupción en todas sus manifestaciones que crece entre más invisible es el poder político y las autoridades fruto de la distancia entre los centros de poder y de las autoridades y de los ciudadanos.

El Voto Caribe es un reclamo de libertad política. La autonomía regional es principalmente libertad -libertad de las regiones para autogobernarse, libertad para dictar sus propias reglas, libertad para tener sus propias autoridades, libertad para decidir sobre los asuntos propios. La nueva institucionalidad que reclama el Voto Caribe no tiene fin distinto al de fortalecer la unidad nacional: si las Regiones se autogobiernan, se legitima mejor el Estado Social y Democrático de Derecho.

Sin embargo, la respuesta de los poderes públicos encargados de resolver la petición encarnada en el Voto Caribe ha sido desobligante, por no decir insultante. La voluntad de la Región Caribe expresada mayoritariamente en votos -la esencia de la soberanía en las democracias- no ha sido atendida. Lo que es peor, ni siquiera ha sido escuchada. No se han reglamentado los artículos 306 y 307 de la Constitución Nacional. Menos aún se ha emprendido la necesaria reforma al Estado que constitucionalmente permita y autorice instituir la Región Caribe y el modelo autonómico para todo el país.

El Voto Caribe, ordenó la creación de un país de regiones. Ante la no respuesta positiva de los poderes públicos, la única alternativa posible para hacer respetar la decisión contendida en el Voto Caribe, es continuar la marcha hasta lograr la concreción de los mandatos Constitucionales que nos darán territorios más justos, más productivos. No habrá descanso hasta lograrlo.

La democracia moderna es ante todo representativa. La complejidad de la vida moderna exige que el estado se diseñe bajo el principio de la representatividad política, dado a la dificultad real de que la democracia pueda funcionar en forma directa, como lo era la clásica sociedad griega de la antigüedad, o en los cantones suizos en el tránsito a la modernidad. Hoy la democracia es representativa, en incluso las formas de democracia directa pasan por la representatividad política.

Al identificar que la democracia moderna es ante todo representativa, la autonomía regional requiere de instituciones representativas, y la institución optima para la representación
política de la ciudadanía regional, es el Parlamento, que a juicio de Pepe Tudela: "(...). El Parlamento contemporáneo nace con la misión suprema de expresar la voluntad general a través de la ley (...).". El Parlamento necesario. Parlamento y democracia en el siglo XXI.

La incuestionable necesidad de democratizar el poder y dividirlo  conduce necesariamente que uno de los mas claros objetivos de Colombia, un país de Regiones, sea el de modificar el modelo de Estado y diseñar uno que permita el surgimiento de los Parlamentos Regionales con competencias legislativas propias, autónomas y excluyentes del Parlamento Nacional, institución encargada de definir legalmente todo lo concerniente a lo regional.

Un Parlamento Regional con competencias legislativas plenas no derivadas, que le permita a la ciudadanía de las regiones que dicten sus propias reglas legislativas, independientes del poder central, con autonomía y con la finalidad de que los asuntos regionales se reglamenten y decidan exclusivamente desde lo regional y mediante la democrática representación nacional, sin la dañina interferencia de los poderes centralistas de un país.

Un Parlamento Regional que se nos convertirá en el instrumento idóneo para autogobernarnos en forma libre. Al lado de este Parlamento Regional se necesitará un Gobernador Regional y una Hacienda Pública Regional, todos autonómicos, sin sujeción al poder central y a sus órganos e instituciones. Una Justicia y una Administración de Justicia que tome en consideración las singularidades regionales y las diferencias es indispensable. Todo este propósito para construir un territorio más equitativo, más ágil, más dinámico y cercano al pueblo.

Una forma de autogobierno regional es el objetivo de Colombia, un País de Regiones. La misión es construir un modelo de estado mejor que el actual, que es lejano, paquidérmico, costoso, irracional, desordenado, que no escucha a la ciudadanía regional ni respeta sus derechos y sus libertades, que propicia y estimula la desigualdad, que no ha logrado aclimatar un ambiente de paz y de cese a la violencia, y que no ha conseguido construir una sociedad igualitaria y justa. El Estado Central debe reducirse, empequeñecerse para que permita la aparición del nivel Regional. Es lo conveniente.

Pero, lo mas importante es el trípode Instituciones, recursos y competencias, Responsabilidades o competencias sin recursos no funciona. Recursos sin competencias no tiene sentido.
Recursos y competencias sin Instituciones es un fracaso.

No podemos seguir gastando nuestro esfuerzo y nuestros recursos en desplazarnos semanalmente a conseguir las dadivas del Gobierno Central y de las Empresas y Bancos privados que han adoptado el mismo sistema centralista. El modelo se multiplica, se replica, se ha copiado por el sector privado trasladando sus centros de decisión a la capital.

No podemos seguir creyendo que la organización adoptada para el manejo de las regalías cumple con nuestras expectativas de Autonomías.

¿QUO VADIS: A dónde vamos?

Asidos de nuestra dignidad, precisamos caminos de expresión políticas de nuevo cuño, transversales en su inspiración como transversales son las necesidades y las angustias de nuestros compatriotas. Necesitamos entender y practicar la Esperanza como la entendía el pensador francés Roger Garaudy, como "anticipación militante del Porvenir".


Desde este rincón entrañable de la patria en el Caribe colombiano, asumiendo la voz y el ánimo de la Provincia colombiana, de las regiones marginadas de Colombia, queremos
notificarle al país que, a partir de hoy, empieza su andadura serena, clara, firme e irrevocable un nuevo Movimiento Social y Político: "COLOMBIA PAÍS DE REGIONES".

"COLOMBIA, UN PAÍS DE REGIONES", es plural e incluyente. Por tanto, invita a todos los colombianos, sin excepción, a que impulsemos la creación de una sociedad y un estado organizado más democráticamente. En esta corriente de opinión democrática, tienen puesto por derecho propio, las tendencias que, ancladas en valores y principios democráticos, consideren que lo mejor para la libertad y los derechos en nuestro país, es democratizar en forma horizontal el poder político, permitiendo que los asuntos regionales sean decididos en forma autónoma y para esto se necesita reformas políticas que adecuen el modelo de estado a esta necesidad.

El Ideario de "COLOMBIA, UN PAÍS DE REGIONES", pasa por los meridianos de los grandes temas nacionales. Entre otros, la Paz, pero de la mano Justicia Social; la Seguridad, pero más allá de la represión del delito, con su equipaje de certidumbre para la vida y para la convivencia –salud, empleo digno, posibilidad de retiro laboral con una pensión decente; la Educación, para la vida y para el trabajo ciertamente, pero principalmente para construir un mejor ser humano desde la ética, los valores y el respeto al Otro; la inviolabilidad de los Derechos Humanos fundamentales, que pasan por la dignidad y el respeto a lo diverso, por la dignidad y el respeto a la mujer y al niño; la Institucionalidad dela Libertad, raíz y base de la Democracia genuina, que pasa por la autonomía de sus manifestaciones geográficas regionales; y el Derecho inalienable al Desarrollo Económico y Social sostenible y equitativo, del cual se deriva el respeto a la capacidad de autodireccionar su destino y su camino desde las Regionesmismas de Colombia.

Porque soñamos una Colombia de todos para todos, edificada y edificable por todos y con el esfuerzo y el emprendimiento de todos, rechazamos esa poquedad de alma que se agazapa detrás de un centralismo de pocos para bien de pocos, pero que se soporta en la espalda de todos los colombianos.

Porque soñamos una Colombia donde no tengamos que sufrir nuestro destino, sino por el contrario, donde podamos propiciarlo, construirlo y gobernarlo con nuestras propias
manos, desde la piel que lo sufre o que lo goza, desde la imaginación que no se agota.

Porque soñamos una Colombia de Regiones, donde la Paz sea parida en el vientre mismo de una justicia justa, desinteresada, ágil y oportuna.

Porque soñamos con una patria indivisible y soberana, construida desde los ejes de la Libertad – que es principio, medio y fin de la existencia humana.

Porque es nuestro sentimiento mas profundo, construir nuestro territorio para las generaciones que nos sucederán.

Porque soñamos con un país con mas responsabilidad y autonomía. Porque sin ellas, no nos desarrollaremos como personas creceremos como profesionales, técnicos o funcionarios, no tendremos empleos de calidad bien pagos, solo seremos subalternos con mentes bloqueadas, sin capacidad de decisión, acostumbradas a no pensar. Es la revolución de nuestras mentes.

Porque soñamos con cambiar el amor al poder, que es egoísta y egocéntrico por el poder del amor que inspira un proceso de transformación desde cada uno de nosotros la transformación de todas y cada una de las regiones de mi querida Colombia.

Y aquí estamos. Pero aquí no nos quedamos. Proponemos una Esperanza nueva, que es militancia democrática para escribir el TERRITORIO –y no simplemente padecerlo. Iniciamos con ustedes y todas las regiones de Colombia un difícil camino hacia un nuevo País. Colombia País de Regiones. Que comience la jornada, la Libertad espera.