Levanta la voz por tu Región
Síguenos en:



Discursos

Discurso ante la Corte Constitucional de Colombia

Honorables Magistrados
Corte Constitucional de Colombia
Distinguidos juristas extranjeros que nos visitan
Ciudadanos de las regiones de Colombia


"Te llaman porvenir
porque no llegas nunca.."
(Ángel González, poeta español)


Sea lo primero, Honorables Magistrados, manifestarles mi más profunda gratitud por esta honrosa oportunidad, que me permite compartir algunas reflexiones sobre nuestro pasado, presente y futuro, como vocero y agente oficioso de millones de colombianos que abrigamos un sueño: ver a Colombia, patria común, "matria" de todos, convertida en un Estado de Regiones Autonómicas.

La Constitución del 91: una tarea inconclusa

Estamos convencidos desde hace muchos años, décadas ya, de la existencia de regiones como realidades sociológicas de nuestro país. Persuadidos por esta convicción, presenté a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la propuesta de un modelo institucional de regiones, entendidas éstas como entidades territoriales autónomas de carácter supradepartamental. La autonomía pasea su espíritu en, por lo menos ocho (8) de los artículos de la Carta Política del 91, desde el inmarcesible Artículo Primero: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general".

Las reservas de algunos constituyentes, por el poco conocimiento que se tenía de las bondades de esa institución y el infundado temor al contenido político de la autonomía, hizo que se condicionara su creación y funcionamiento institucional efectivo, a una Ley de Ordenamiento Territorial, a una Comisión de Ordenamiento Territorial y a la aprobación mediante referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados (artículo 307 de la Constitución). La retórica autonómica de nuestra Constitución en uso, sin embargo, luego de muchos debates, dejó condicionado a que la voluntad del Legislador expidiese una tal Ley de Ordenamiento Territorial, que le diese alma, cuerpo, circulación y nervios, a las posibilidades de una Colombia de Regiones. Desafortunadamente, la Presidencia de la República y el Congreso, por apatía, desinterés e indolencia, poco o nada han desarrollado en esta materia. De hecho, solamente hasta el año pasado, 2011, 20 años después (!!) de la Carta del 91, fue expedida una Ley de Ordenamiento Territorial, la 1454, pensada con ganas centralistas y tramitada con tinta de "quien no quiere la cosa", deja todavía sin reglamentar lo relativo a la Región como entidad territorial. El esqueleto sigue sin alma, sin cuerpo, sin nervios, nada circula por las arterias de la normatividad aplicable.

Un Congreso ausente, una Presidencia distante, una Corte sin compromiso, ¿el resultado? Una ley de ordenamiento territorial, así, en minúsculas como la misma ley, una ley inicua, inocua y vacua. Antes de la cual teníamos la ilusión de una Ley de Ordenamiento Territorial que sirviera. Hoy tenemos la certeza de una Ley de Ordenamiento Territorial que no sirve.

Así ha sido. El proceso constituyente del 91 quedó inconcluso. Por ello, pienso que hay dimensiones de la patria, la regional en especial, en términos de las cuales, usando la frase de Ortega y Gasset, "hay virtudes que faltan a nuestra patria histórica": la Región Entidad Territorial es un deber por cumplir. En términos tales, la Carta del 91 es todavía una tarea por hacer.

De la Colombia pre-hispanica a la Constitución de 1886 o como secuestraron nuestras autonomias.

La propuesta de un Estado de Regiones Autonómicas se erige básicamente sobre el concepto de autonomía territorial, y si hemos de tratar de ella, no hay fuente más autorizada que nuestra propia historia -la precolombina, la del colonialismo español y la republicana.

Nuestros antecedentes más originarios de organización autonómica los encontramos en las instituciones de los aborígenes que, para la llegada de los conquistadores españoles, poblaban el territorio de lo que hoy es Colombia. Para entonces, los indígenas, entre cuyas etnias se destacan los muiscas y caribes, poseían una interesante estructura organizacional confederada en la cual cada tribu decidía, con un alto grado de autarquía, territorialmente definida, la gestión de sus asuntos.

Ante los actos de agresión, pillaje, explotación, expropiación y expoliación de los conquistadores, la mayoría de las comunidades indígenas se resistieron al sometimiento, pues éste significaba la pérdida de su identidad, de los valores de su población y de su autodeterminación. Por ello, en un acto de histórica dignidad –que, por veces, hoy tanta falta nos hace- unos optaron por confrontar al invasor en batallas tecnológicamente desiguales, y prefirieron la muerte y su aniquilación, como ocurrió con los calamaríes que poblaron, precisamente, estas tierras del Litoral Caribe donde hoy nos encontramos. Otras etnias caribes, que tampoco aceptaron ser alienadas y sometidas, luego de diezmadas, fueron víctimas del desplazamiento forzado, debiéndose refugiar en las entrañas de la selva o de las montañas para evitar el exterminio, como es el caso de los arhuacos y los koguis.


Consolidado, entonces, el dominio español sobre estas tierras, los criollos patriotas, por su parte, no solo lucharon por emanciparse del colonialismo hispano, sino que, desde el principio, las mal llamadas manifestaciones "independentistas" en realidad marcaron una tendencia autonomista. En efecto, según dan cuenta historiadores del Derecho Constitucional colombiano, como José María Samper, Diego Uribe Vargas y Carlos Restrepo Piedrahita, lo reflejan, con no poca ingenuidad, entre otras, el Acta de la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro de 1810, las Constituciones de 1811 y 1812 del Estado de Cundinamarca, la Constitución de 1812 del Estado de Antioquia, la del Estado de Tunja de 1811, así como el Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de 1811.

Luego, instaurada la República, se pusieron de manifiesto expresiones autonómicas, como las reflejadas en la tendencia anti-centralista de la Convención de Ocaña de 1826, la cual tuvo una primigenia concreción transaccional en el texto constitucional de 1832. Posteriormente, esa aspiración autonómica se reflejó, aunque tímida y nominalmente, en la Constitución de la Confederación Granadina de 1858.

Todas las aspiraciones autonómicas de entonces, acumuladas luego de prácticamente tres siglos de pérdidas y frustraciones sistemáticas, desembocaron en el federalismo radical de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia o Constitución de Rionegro de 1863, que con ribetes extremistas, anuló las posibilidades de un Estado fuerte, capaz de
liderar el proceso de consolidación de la economía nacional, el monopolio de las armas por parte del Estado y la implementación de un sistema monetario nacional único.

El Caribe colombiano, desde años tan lejanos como 1835, viene proclamando –vox clamantis in deserto- sus esperanzas autonomistas. En ese año, el General Juan José Nieto explicaba en cartas al General Santander por qué era un federalista por opinión informada y no por caprichos del corazón, porque él aspiraba a una forma de gobierno que le abriera espacios y posibilidades eficaces al desarrollo de nuestra provincia. Caso que no está tan lejos para olvidarlo, ni tan cerca para dolernos, el de Panamá, cuya separación y segregación del territorio patrio se empezó a gestar desde el momento mismo en que, según las palabras del historiador Abel Cruz Santos, para conformar la Constituyente que se encargaría de reemplazar la Carta del 63 y que engendraría la Carta del 86, "...se procedió con criterio discriminatorio a integrar los delegatarios de Antioquia, Cauca y Panamá, Estados reconocidamente federalistas...", cuya representación y vocería fue usurpada impunemente por representantes de Bogotá.

Nació así la Constitución de 1886, precariamente sustentada en una legitimidad dudosa. La intolerancia y la arrogancia, la exclusión arbitraria de partidos con voces diferentes a las instauradas en el poder centralista, la usurpación de la representación de los Estados con vocación federalista, la ausencia de un marco válido de consensos democráticos auténticos entre los partidos políticos y la sociedad, caracterizaron el clima institucional y el recortado espíritu político en que entró en vigencia. Ella, ciertamente introdujo una fórmula -"centralismo político y descentralización administrativa"- más retórica que compensatoria, que reflejaba más un afán paliativo que una voluntad política honesta, que con el paso de los años de su impertérrita aplicación, cumplió lo primero y enredó la segunda. La genuina descentralización territorial ha sido un propósito constitucional sin verdad, sin desarrollo legislativo ni jurisprudencial, sin honestidad política.

La Carta de 1886 inauguró un nuevo extremismo, imposición de los vencedores de la confrontación bélica de 1885, como lo fue la restauración del Estado centralista cuasi absoluto, a partir de un despojo constitucionalmente ordenado de los derechos, libertades y bienes, sin previa ni posterior indemnización o compensación, de los antes Estados soberanos. Así se puede mostrar a partir de una revisión del contenido patrimonial de la arquitectura fiscal federalista, riqueza que fue secuestrada y expropiada de un plumazo con las letras del artículo 202 de la Carta Política del 86. Ahora, "pertenecen celebrity porn
celebrity nudes
naked celebrities
naked celebrities
gay anime
Big Ass Porn
gay black
cartoon porn pics
mobile porn tube
videos gays
a la República de Colombia, (1°) los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la Unión colombiana en 15 de abril de 1886; (2°) los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados, cuyo dominio recobra (sic) la Nación(...); (3°) las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el territorio nacional, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas (...)".
Los Estados regionales habían perdido así, no sólo su autonomía política, sino también su patrimonio fiscal.

Hasta ese momento, los vencedores no sólo escribieron la historia, escribieron también la constitución y se abrogaron el derecho al botín.

Una vez más, la autonomía se entrevera en los vericuetos deliberados de un poder centralista y centralizante, entendida aquélla como derecho colectivo de pueblos y regiones, y también como potestad que da cabida a su autogestión y a su autodeterminación, en lo que concierne al quehacer administrativo y político de los sujetos regionales, que tiene como esperanza y propósito principalísimo el de redimir, con criterio de justicia y equidad, el gran cúmulo de necesidades sociales históricamente acumuladas.

La Carta Política del 86, de manera anti-democrática, despojó a las regiones de Colombia de sus riquezas y de su patrimonio fiscal, tanto como de sus libertades políticas fundamentales y del derecho superior de Colombia de ser una en la potente diversidad de sus regiones. En lo que va corrido del siglo XXI se apadrinaron y se dieron nuevos despojos de origen constitucional, contra los recursos fiscales de que antes disponían las Regiones del país. Uno, el consagrado en el Acto Legislativo que reforma la Carta del 91 y redefine la formula de distribución de las transferencias constitucionales de la Nación a los entes territoriales, que se conocen como Sistema General de Participaciones (SGP en argot). El segundo, el Acto Legislativo y su concomitante desarrollo legal, por cuya virtud se reestructuró el Sistema Nacional de Regalías – una imbricada expropiación de recursos regionales acompañada de una no menos imbricada metodología de siglas, que no hacen sino diferenciar y dilatar la posibilidad de concretar proyectos de desarrollo regional

Una historia interminable

Como en el título de la novela de Michael Ende, esta parece ser "una historia interminable". En efecto, antes de la Constitución de 1991, poco o nada se avanzó de manera significativa en materia de autonomía territorial, pese a que en 1968 se institucionalizó en la estructura del Estado, la llamada descentralización por servicios –que trataba más de
deslocalización que de descentralización y que sólo sirvió como instrumento formalista de organización técnica y de una planeación sin recursos. Por supuesto que ello dejó intacto el centralismo –el cual, como ciertas enfermedades, se agrava y se empeora, aún si todo sigue igual.

La Asamblea Constitucional del año 1977, que se proyectaba como el cuerpo constituyente que habría de abordar una profunda transformación de la estructura del Estado, en materia de administración de justicia y en el régimen administrativo territorial, quedó frustrada por la declaratoria de inexequibilidad de la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de la indelegabilidad de lo delegado -en este caso, que el Congreso no podía delegar lo que se le había delegado, toda vez que en el acto plebiscitario de 1957 había sido designado por el Constituyente Primario para ejercer la función constituyente. Esto era tanto como decir que el Constituyente derivado no podía devolver la función constituyente a los ciudadanos, para que éstos decidieran, a través de delegados, aspectos puntuales de la administración de justicia y de la organización administrativa territorial.

Más de siglo y medio de frustraciones, luego del inicio de la República, parecieron desaparecer en lo que concierne a lograr mayores grados de autonomía, cuando en 1991 la Asamblea Constituyente, en reconocimiento de la existencia de regiones como entidades sociológicas reales, acogió nuestra propuesta, que abría la esperanza de crear Regiones Autonómicas como entidades territoriales jurídicamente organizadas. Esta es la letra y el espíritu del Artículo 306 de la Constitución Política vigente.

Las Regiones Autónomas tienen por finalidad superior promover el desarrollo social y económico de la Nación, bajo criterios de equilibrio y armonía de sus espacios regionales. Es decir, las Regiones Autónomas asumirían la responsabilidad de la que había hecho caso omiso el Estado centralista, que no es otra que mitigar, minimizar y resolver las enormes desigualdades y los crecientes desequilibrios económicos y sociales que vienen siendo expresión de la inequitativa e hiperconcentrada distribución de la riqueza, los ingresos y las oportunidades, en la urdimbre social y en la urdimbre territorial del país. Después de casi 125 años de centralismo a ultranza, el mapa de nuestra realidad económica y social es dramáticamente más pobre, más precario y más falto de lucidez.

Los indicadores estadísticos, como en la famosa canción ranchera, muestran que "...la distancia entre los dos es cada día más grande...". Las brechas se acentúan. Las distancias se hacen cada vez más insalvables. La tortuga gana una carrera sólo en dos casos, que yo conozca: uno, a la liebre, en la fábula de Esopo –y eso, gracias a la perezosa soberbia de la liebre; otro, al Aquiles de la leyenda griega, en la paradoja sofista de Zenón de Elea –y eso, gracias a una modesta ventaja inicial, no superable en la distracción abstracta de los recorridos infinitesimales. En el mundo de sudores, de hambres, de disparates ecológicos depredadores, ni la liebre es mocha, ni conoce la descuidada pereza de la fábula y Aquiles hace rato sobrepasó la tortuga, a pesar de la tozudez de ésta.

El ingreso per cápita promedio de la Región Caribe es el 85% del promedio nacional –pero la verdad regional es peor que su reflejo estadístico, toda vez que, sólo el ingreso per cápita del Departamento del Atlántico representa el 73% de dicho promedio nacional, empujándolo significativamente hacia arriba, a pesar de ser el del Atlántico la tercera parte del de Bogotá.

En efecto, Bogotá concentra el 25% del PIB nacional y con Cundinamarca, irrita más el tema: concentran casi el 31% del Producto Interno Bruto. Ahora, que si tomamos en conjunto, el famoso "triángulo de oro" –metáfora tan acertada, como humillante- que sumaría a Antioquia y Valle, la cifra relativa es como dirían las señoras, de ponerse a llorar: por poco no concentran las dos terceras partes del PIB. Pongamos estos números al lado de los de la Región Caribe, en la que 8 departamentos (incluyendo San Andrés) apenas sí contienen el 15% del PIB. Permítanme desenfadarme con una breve reflexión: crecer poco o no crecer, solamente garantiza tres consecuencias: que más pobres sean mucho más pobres; que surjan más pobres que pudieron no llegar a serlo; y que aparezcan más pobres que pudieron dejar de serlo.

La mitad de los colombianos con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (vivienda digna y suficiente, acceso a los servicios públicos básicos, escolaridad y salud esenciales) viven o mal viven en las Regiones Caribe y Pacífica. 7 de cada 10 departamentos, el 70% ¡por Dios!, tienen un peor indicador de NBI que el promedio nacional –que es del orden del 27% y qué curiosa casualidad que los únicos mejores que la media nacional sean los departamentos cafeteros, incluido Valle, y por supuesto, en la inefable compañía de Bogotá y Cundinamarca. Ahora, Meta y otros 4 departamentos, incluido Atlántico, son los únicos invitados sin smoking a esta velada de élite y están apenas allí, mordiendo el promedio.


Cabe dar relieve al envidiable indicador de NBI de la capital del país, del orden del 9.2%, con estas connotaciones: es un afortunado tercio del correspondiente promedio nacional; el Chocó es casi 9 veces peor, la Guajira 7 veces peor y Sucre 6 veces peor. Brechas que ofenden la dignidad de los rezagados habitantes. La injusticia interregional contribuye a que tengamos en el Caribe, como Región, en la triste compañía del Pacífico, las peores cifras de desempeño económico y social del país. Y por supuesto, que frente a los retos del mundo globalizado de hoy, con su equipaje de Tratados de Libre Comercio (TLC's), en el camino de la competitividad, seguirán habiendo tortugas y el ágil Aquiles llegará, como nunca, "más primero" que ayer –como diría el campesino del cuento.


EL VOTO CARIBE: "VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO"

"Voto a favor de la constitución de la Región Caribe como entidad territorial, de Derecho Público, con autonomía para la gestión de sus intereses, que promueva el desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución Colombiana".

Este era el texto del voto que introdujeron mas de Dos Millones y Medio de ciudadanos del Caribe Colombiano introdujeron un voto que así rezaba, en las elecciones realizadas en el año 2010. ¡Voto Caribe!!! así lo llamamos con mucho orgullo. Voto diáfano, expresado en un lenguaje directo, construido con sentido común y con un sentido institucional por todos compartido. De los 2.502.726 millones de votos Caribes se hicieron las cuentas, pero a ellos nadie les ha rendido cuentas. Y nadie dijo nada y sólo a nosotros importó. Con menos, con mucho menos de la mitad de estos votos caribes, la célebre "séptima papeleta" de las elecciones de 1990, una votación inducida e informal, sin contabilizar, dio lugar a la Constituyente del 91 y a una enteramente nueva Constitución Política Nacional. Nadie los contó, pero ellos sí contaron. Y la Constituyente fue. Y la Constitución del 91
sobrevino. Cuando la voluntad política redime, las manifestaciones de un pueblo no están sujetas a inocuas nimiedades.

El Voto Caribe ha sido "voz que clama en el desierto". Sólo que esta voz sigue clamando. Creemos que ha sido una inequívoca, aunque no escuchada, respuesta política de una Región, por todas las regiones de Colombia. Voz contra la discriminación negativa que ejerce el poder central contra los rincones de la periferia patria. El Voto Caribe es también la impronta de un camino a favor de las genuinas autonomías territoriales, las cuales se asumen desde el respeto a la libertad política fundamental. Autonomía que se erige activa y proactiva desde un derecho colectivo esencial de pueblos y regiones. Autonomía que se instrumentaliza desde una facultad que es propia de los pueblos y de las regiones, en procura de gestionar sus intereses, su mejor estar, las inequidades e iniquidades a que han sido sometidos. Autonomía que es una opción del ordenamiento político para fortalecer una institucionalidad precaria, retardataria y frágil. Y, por supuesto, autonomía que es reconocimiento de la mayoría de edad de nuestros pueblos y regiones. Autonomía que se erige en principio y medio de la organización político-institucional de la unidad de la patria colombiana, de la unidad de su Estado Social de Derecho –unidad a la que se subordina y a la que se debe.

El camino de la Autonomía Regional: ¿Camino a una Utopía o la Utopía de un Camino?

Los pueblos y las regiones de Colombia declaramos nuestra mayoría de edad. Tenemos el entendimiento y el discernimiento para andar, por nosotros mismos, el camino que nos es dable andar. Si decidimos para elegir camino, también elegimos para decidir. La libertad política que reclamamos pasa por el meridiano del respeto a nuestro derecho colectivo a la autonomía regional –derecho que, entendemos, no agrede, ni quiere agredir; no pone, ni aspira a poner, en peligro la unidad de la Nación, la unidad del Estado colombiano. Este riesgo no es más que un fantasma que los centralistas de todos los colores ponen en juego, para profundizar el miedo a la autonomía.

Por qué y para qué de las autonomías

"Yo no pido la organización de España en grandes regiones por razones de pretérito, sino por razones de futuro. La vida, queramos o no, es una acción que se ejecuta siempre hacia adelante (...) ". Esta es la voz de Ortega que rueda hasta nosotros, con vigor y oxígeno, desde 1931.

Permítanme, por lo demás, con respeto y humildad, parangonar el pensamiento del filósofo español: "Colombia no es sólo Bogotá, Medellín y Cali, que forman el escaparate o la superficie histórica de nuestro país; la verdadera Colombia, aquella de la que depende el porvenir, es esa otra Colombia enorme, latente, profunda, agarrada al terruño (...)", que es la región como espacio vivido, según la pensó Armand Frémont. Esta región, espacio vivido, es territorio que se recorre, al que algo delimita, en el que las existencias humanas se afincan o del que se ven impelidas por fuerzas que las alienan. Esta región, espacio vivido, es territorio representado, territorio apropiado -apropiado desde y mediante el discurso, apropiado políticamente. Pero, "no hay territorio sin sujeto que se lo apropie –sujeto en posición y sujeto en posesión", como sabiamente lo señala la Profesora brasileña Rita Laursa Segato. Por tanto, postulamos un reconocimiento al sujeto-región dentro del ordenamiento jurídico-institucional del Estado colombiano.

De alguna manera, el Estado-nación patológicamente centralizado está en crisis, su funcionalidad está cuestionada y se debilitan irremisiblemente el vigor y la eficacia de su figura como nos fue entregada por la modernidad decimonónica. La globalización y la interdependencia sistémica que caracterizan el mundo que transitamos hoy, han acelerado la intensidad y la velocidad de la crisis. En el contexto internacional tanto como en el doméstico, la crisis del modelo estado-nación tradicional, polarizado en la desmesura de su centro de poder hegemónico, resulta evidente aquí y allá. Renovadas exigencias de transformación, demandas sociales y políticas de nuevo cuño, especialmente las que se originan desde etnias históricas y las que proceden de auto-reconocimientos sociológicos y culturales de orden territorial –demandas indígenas de autonomía territorial, cultural e incluso jurisdiccional y demandas de comunidades regionales tradicionalmente excluidas del poder político real- desnudan la incompetencia y/o la impotencia del Estado-nación centralizado y centralizante.

Sobre los Estados-nación se ejercen dos tipos de presión, que las agrieta, que los pone en cuestión. Una gravitacional, desde arriba, que surge de las nuevas dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas de ámbito mundial, que empujan los verdaderos centros de decisión fuera de las fronteras nacionales. La segunda, desde abajo, una sub-presión, que se desprende de la emergencia de autonomías diversas, de la dinámica sub-nacional de nuevos centros decisorios autónomos (grupos trasversales de la sociedad, ONG's, instituciones regionales y locales) que regresarán a la sociedad un poder entreverado por un modelo superado por los tiempos
En efecto, ese Estado-nación que propone un patrón de desarrollo económico, político y social centrípeto, es decir, que impele dinámicas sólo hacia el centro, hoy muestra y demuestra, por acción y omisión, su radical incapacidad de contener la historia y la pluralidad de las etnias y pueblos que se han asentado en sus confines; su radical incapacidad de interpretar y potenciar la diversidad de sus culturas. La acotada y desigual geometría de un orden político altamente centralizado propone y dispone de instituciones excluyentes, que dejan por fuera de los beneficios regulares del progreso, que bloquean, incluso, la prosperidad de los espacios regionales –tanto en la dimensión subnacional como en la dimensión trasnacional.

Desde variados rincones de la geografía planetaria, pero, en especial, desde los rincones plurales y diversos de las regiones y etnias de la patria colombiana, se escuchan voces, casi gritos; exigencias, casi sublevaciones sordas, que reclaman la necesidad impostergable, urgente, de diseñar un marco político e institucional incluyente, capaz de rectorar e inteligenciar las autonomías territoriales y sociales, que posibilite, por inclusión, una gobernabilidad de la pluralidad, de la diversidad y del conflicto y que, además, dé lugar a construir desde el actuar, una responsabilidad, que nos es común, por la conservación de la biodiversidad, del agua y de la naturaleza –en últimas por la supervivencia misma de la Tierra.

¿De qué autonomía estamos hablando?

De una autonomía subordinada al Principio de Unidad, el cual no admite poner en cuestión la indisoluble integridad de la Nación y del Estado. Se trata de un principio fundamental, es decir, que cimienta, que da las bases de la arquitectura institucional y orgánica de la Nación y del Estado; pero también este principio de unidad es principio cardinal superior, es decir, que orienta, que marca dirección, al que se subordina todo otro, en particular, el principio de la autonomía territorial. El Principio de Unidad está estructurado en un doble reconocimiento, de naturaleza jurídica y de origen constitucional e
histórico: de una parte, la indisolubilidad de la integridad, de la unidad nacional, en tanto que patria común e infragmentable del pueblo de Colombia, en el que radica la soberanía; de otra parte, la titularidad singular, única e incontrovertible de la soberanía nacional, pero ejercida en forma compartida por todos, no solo de un parlamento Nacional que excluye a la ciudadanía de las Regiones. El Principio de Unidad es dinámica integradora, energía que cohesiona. La Unidad es fuente y fundamento de las atribuciones que, en nombre de la Autonomía, se susciten y se reglen. Es su punto de partida y también es su acotamiento, la subordina y condiciona –en el significante, en la norma y en la acción política derivada.
Estamos hablando de una autonomía que, a pesar de su polisemia, siempre comprende la capacidad de auto-normarse, de auto-organizarse, de auto-gestionarse. De una autonomía, que si bien es un derecho colectivo, inspirado por la libertad responsable, y que la inspira, estará siempre acotada por el dispositivo constitucional: Su puesta en escena estará en la iniciativa de los actores regionales que la invoquen, conforme a los caminos de acceso que se llegaren a preceptuar sobre el particular. El principio de Autonomía armoniza con los principios de Libertad, de Solidaridad, de Igualdad y de la Diversidad

Colombia un Estado de Regiones Autonómicas

Sin duda alguna, la redistribución espacial del poder y de la institucionalidad política, es una auténtica necesidad para buena parte de las sociedades contemporáneas –y Colombia no es la excepción. Internalizar, recoger orgánicamente y potenciar los intereses, los recursos, la riqueza y las energías de las regiones; descongestionar la obesa y pesada trama de los dispositivos de decisión centrales y centralizantes; proveer a la genuina democratización del acceso al y del ejercicio del poder político: he aquí el verdadero desafío de las regiones de Colombia.

No es menester que el ordenamiento constitucional prefigure el mapa regional de Colombia, en cuyos términos se replantearía la organización geopolítica del Estado. Si la autonomía es un derecho colectivo –y nosotros creemos que lo es- cada región, equipada con sus particulares atributos históricos, culturales, sociológicos y económicos, tendrá la iniciativa de proponer el ámbito competencial de la autonomía a la que aspira. El ordenamiento constitucional deberá acotar caminos, procedimientos, con arreglo a los cuales se manifestarían las especificidades regionales. España es un ejemplo.

Una Colombia de Regiones -que sea expresión real, genuina, contundente y eficaz de la descentralización de este Estado centrípeto que tercamente se empeña en no dejar oxígeno para que respire la provincia nacional- debería ser un propósito estratégico de sostenido y largo aliento. Su justificación pasa por unos referentes principales, que no excluyentes:

  1. El referente histórico-cultural, sociológico –si se quiere. Éste arranca desde la emocionalidad de las raíces y extiende sus ramas desde el pasado hasta hoy. En función de este referente, se levanta la arquitectura percibida de las plurales identidades regionales y se dibuja el correspondiente auto-reconocimiento regional.

  2. El referente competencial. Éste fundamenta y garantiza el derecho a gestionar los propios intereses regionales y responde a la pregunta ¿qué hacer con las Autonomías Territoriales y qué hacen estas? Por su virtud, se garantiza el ejercicio democrático de la libertad política y del poder institucionalizado, imprime mayor eficiencia, dinamismo y agilidad a la función ejecutiva del Estado y a sus menesteres administrativos, además de direccionar y jerarquizar las tareas legislativas en sus diferentes planos territoriales.

  3. El referente de equidad. Como objetivo sine qua non del diseño autonómico, este referente se propone combatir la desigualdad tanto en la trama social como en la trama territorial. Él se hermana con un referente no menos necesario, como el de la solidaridad, por afinidad y por diversidad: espacios que se potencian desde dentro de sí y espacios que se complementan desde la diferencia.

  4. El referente político. Presencia inevitable que se entiende como posibilidad de acercar, de interesar, de comprometer, a los ciudadanos, de una manera auténtica, eficaz, en la gestión de los asuntos públicos que les competen. Este referente elabora la invitación de Ortega y Gasset al hombre, al ciudadano, de la Provincia: "...Tenéis que dejar de ser provincianos y decidiros a ser provinciales – tal vez providenciales".

UNA TAREA PENDIENTE

Sea, en este momento, oportuno decir que todo el país agradece y resalta la constante y gigantesca labor de la Corte Constitucional en la defensa de los derechos fundamentales, aspecto en el cual su producción jurisprudencial es magnífica y en ella encontramos todas las personas, garantía y seguridad de justicia. Sin embargo, ello no impide recordar que si bien en el mundo, con el transcurrir del tiempo, los tribunales constitucionales se han erigido como defensores irrenunciables de los derechos, originariamente una de las principales razones de ser de su creación y competencias fue garantizar el equilibrio del sistema de la organización política territorial, de modo que el poder central no socavara el poder de los entes territoriales. Ejemplo de ello fue la creación de la Suprema Corte en la Constitución de Filadelfia de 1787, como órgano superior que resolviera las tensiones del poder federal y de los estados federados. Así mismo, a mediados del siglo XX con las Constituciones Italiana de 1947, la Alemana de 1949 y en la segunda mitad del mismo siglo la Constitución española de 1978 

En nuestro caso, la autonomía contemplada en el artículo 1º de la Constitución de 1991 como principio fundamental, vale decir, como aspiración y por tanto de amplia textura, apoyándonos en la conceptualización del jurista alemán Robert Alexy, no sólo es un elemento competencial de la organización del Estado sino un verdadero derecho colectivo de los pueblos. Por ello, debemos concebirla no sólo como estructura sino como derecho, que en el caso de nuestro país, es un presupuesto para la dignificación de las personas habitantes de los territorios marginales y periféricos, y por lo tanto, en el peor de los casos, estaría comprendido como uno de los derechos innominados de que trata el artículo 94 de la Constitución, esto es, independientemente de que no esté en el catálogo de derechos expresos.

Ahora bien, no obstante haberse expedido la Ley de Ordenamiento Territorial, como se ha producido una grave e inexcusable omisión legislativa por parte del Congreso en lo que respecta a las regiones y a las entidades territoriales indígenas, resulta menester que el órgano encargado de la defensa de la Constitución y del derecho viviente en
cada una de sus instituciones, contemple la posibilidad de disponer en su proceder, que el poder normativo integrador de la Carta Política, de manera directa y sin mayores dilaciones, llene el vacío legislativo sobre el funcionamiento efectivo de las regiones y las Entidades Indígenas como sujetos territoriales activos.

Si el Ejecutivo se hace el sordo y, por sordo, enmudece –aunque sus actos centrífugos griten lo contrario- y por tanto, no desarrolla ni promueve las nuevas instituciones autonómicas, entonces que legisle el Congreso. Si el Congreso no legisla conforme a la Constitución y tampoco la interpreta por la comodidad de los arrullos del poder ejecutivo, queda sólo la Corte Constitucional como guardián de la heredad. Y si tampoco, ¿qué nos queda?

En nuestro sentir, una vez estatuidas por el Constituyente las Regiones como entidades territoriales, el Legislador no cuenta con la prerrogativa ni con la discrecionalidad de disponer si las reglamenta o no, dado que el mandato es expedirla. Ahora, tampoco puede reservarse, indefinidamente el tiempo o momento en que lo hará. El sólo hecho de haber transcurrido más de 21 años de omisión legislativa, tiempo que supera lo que el propio legislador ha estatuido históricamente como término, por demás extraordinario, para la configuración de la prescripción extintiva de los derechos y obligaciones, habilita a la Corte Constitucional para que, en ejercicio de su facultad interpretativa integradora de la Constitución, disponga fijarle al legislador, no solo exhortarlo, a que en un plazo perentorio, que no debe superar el de una legislatura, estipule la reglamentación que se echa de menos sobre las regiones y las Entidades Indígenas. En ello, también se debe disponer –es mi comedida y respetuosa propuesta- que, por el transcurso del tiempo cronológico e histórico, deberá prescindirse de algunos requisitos de trámite que en su momento fueron señalados como necesarios para que se crearan las regiones como entes territoriales. Bajo este amparo dispositivo, pensamos que, si en dicho término, no se expide el estatuto correspondiente, las Regiones sociológicas y los Territorios Indígenas quedan habilitados para constituirse como entidades territoriales, teniendo como límite la Constitución.

COLOMBIA, REPÚBLICA UNITARIA, PLURALISTA, DIVERSA Y REGIONAL: UN SUEÑO POSIBLE

Las Regiones de Colombia abrigamos un sueño y soñamos porque estamos vivas, latentes, ganosas.

El Caribe Colombiano, que inventó un nuevo azul para los cielos, que descubrió la alegría como sombrilla amable, que no sabe ser triste a pesar de su lucha y su pobreza
Los Llanos orientales, que inventaron otra manera de tejer el horizonte...

El Pacífico colombiano, que ha sabido casar la dulzura de la playa con los ritmos pluviales de la selva...

Los Santanderes de nuestro oriente libertario, hijos del tesón y del denuedo...

El Tolima Grande, que dibuja la música en su sangre...

La Antioquia Grande, que descuajó montañas a lomo de mulas y a punta de carrieles, que prodigó el café desde sus difíciles laderas y es hoy paradigma de superación y de progreso...

El Valle, el Cauca y Nariño, sur con occidente entre las venas, frontera y mar, por donde la patria desenfundó el café para los mundos y corredor de un miedo con culpables...
En fin, esta Colombia una y plural, una y diversa, una y múltiple...

Esta Colombia de Regiones abriga un sueño, que quiere caminar desde sus calles...

Nuestros pobres no quieren seguir sumidos en una pobreza que desalma. No queremos albergar cada vez más pobres que empobrecen más. No queremos que cada vez menos ricos sean más ricos. Soñamos con una Colombia regional y solidaria.

Soñamos con nuestros niños -morenos unos, menos morenos los otros, indígenas aquellos, mestizos y mulatos estos otros- asistiendo a la escuela sin llevar el hambre debajo de sus alpargatas y zapatos rotos.

Soñamos que esos niños, mañana adolescentes, tengan una esperanza de futuro, cultivando la educación en los colegios y los establecimientos superiores y puedan ser talentos para el progreso de sus pueblos y no saltimbanquis lastimosos, en las esquinas de nuestras ciudades.

Soñamos que en el cómputo de los promedios de desarrollo social –salud, educación, nutrición- seamos el más que sube los cálculos y no el menos con que gravitan hacia abajo.

Soñamos, las Regiones de Colombia, con unas calles limpias por donde transiten vehículos y gente, y no el agua nauseabunda que no encuentra alcantarillas.

Soñamos en contar para la patria entera, no sólo en ser cifras que se agregan en elecciones que eternizan nuestra minusvalía política y nos condenan a una minoría de edad, que nos subleva desde la sordera de los Andes.

Soñamos con una patria indivisible y buena, que vea en sus hijos, los de las regiones todas, provincia y providencia, tesón y fruto, trabajo y creación, apoyo creativo y solidario, recurso productivo y razón de ser de sus desvelos.

Soñamos con una democracia viva, palpitante, genuina, más hecha de sudores ciudadanos, que de retóricas vacías, que sólo salpican de saliva la heredad; una democracia tan cercana a la vida cotidiana como los amaneceres y los días, en la que el poder se sienta propio y apropiado, desde la responsabilidad por nuestros destinos.

Soñamos, en fin, las Regiones de Colombia, con una República ordenada desde lo local y lo regional, que conjugue la pluralidad de nuestras historias y la singularidad de nuestras esperanzas. Soñamos con una patria indivisible y soberana, construida desde los ejes de la libertad –que es principio, medio y fin de la existencia humana.

Soñamos con una Colombia plural y diversa–que es nuestra estirpe y nuestra raza- acomodada en autonomías autogestionarias, que posibiliten nuestra enjundia, nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia.

Soñamos una Colombia de Regiones, plural y pluralista, diversa y tolerante, provista de autonomías rectoras y providentes –respetuosas del otro y de nosotros mismos.

Soñamos una Colombia de Regiones, en paz y con el alma libre. Una Colombia en paz, desde la legitimidad democrática de los gobernantes. Una Colombia en paz, desde la equidad social y la igualdad de oportunidades de sus territorios. Una Colombia en paz, no porque se callen los fusiles, sino porque se calle el hambre, la indignidad y la pobreza. Una Colombia en paz que regrese al campo los arados, que despida de los surcos los cadáveres y donde la espiga y el fruto recobren al viento sus colores. Una Colombia rural, sana y en paz donde suenen de noche las guitarras y de día el sol alumbre tierras productivas.

Soñamos una Colombia de regiones, donde la paz sea parida en el vientre mismo de una justicia justa, desinteresada, ágil y oportuna.

Soñamos una Colombia de Regiones, centrífuga, emprendedora, innovadora, donde el centro no sea monopolio de las afectaciones al hablar, donde haya un centro en todas partes y en ninguna –y por centro, entendemos, la posibilidad viable de decidir, de poder y de soñar.

Soñamos, las Regiones de Colombia, en una Colombia de Regiones, donde el desarrollo de hoy no destruya el camino de mañana, porque nuestros hijos y nietos nos han dado en préstamo la patria y sus recursos –y que no es solo heredad de los abuelos.

Soñamos una Colombia de Regiones, donde el progreso y la prosperidad sean para todos sin importar el mapa de la patria, sin importar tampoco la urdimbre de las clases. Una Colombia en donde se dé el progreso y el desarrollo económico, político y social, con criterios e instituciones incluyentes, y por lo tanto, se dé con las regiones –y no sin ellas o contra ellas.

Soñamos una Colombia de todos entre todos y no de muchos para bien de pocos. Una Colombia de Regiones donde no tengamos que sufrir nuestro destino, sino construirlo con nuestras propias manos y nosotros mismos gobernarlo y propiciarlo.

Esta Colombia de Regiones Autonómicas es, por el momento, "una tarea por cumplir". Y por tanto, se nos impone, desde ya, como tema central de la Agenda Política nacional, como un desafiante Proyecto Político desde las regiones para Colombia toda.

A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿QUÉ HACER?

En el caso colombiano, la lucha por las diferentes formas autonómicas se ha constituido en una constante histórica creadora de una tradición que hace inquebrantable la voluntad y el propósito del pueblo por alcanzar su autodeterminación administrativa, que conlleva a la redención y la justicia, como parte de los elementos para alcanzar la dignidad humana.
Al quedar frustrado una vez más el sueño autonómico de las Regiones de Colombia, no hay otra alternativa que re-andar el camino de una nueva asamblea constituyente, que haga la tarea y asuma el reto de concluir lo que desde la Constitución de 1991, no ha sido posible culminar, adoptando un nuevo marco institucional que dé vida a las autonomías territoriales.

Permítanme, Señores Magistrados, Señoras y Señores, terminar haciendo propio un pensamiento de ese latinoamericano sin fronteras que es Eduardo Galeano: "La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso... sirve para caminar". Para avanzar en el sentido correcto –digo yo.

Muchas gracias.